miércoles, 21 de noviembre de 2012

El Tea Party casposo

El Tea Party norteamericano, esa cruzada religiosa y extremista de la que forman parte muchos talibanes de ultra-derecha, lleva años vociferando todo tipo de sandeces. Sandeces que, si no fueran terribles, serían hasta hilarantes por el grado de debilidad mental que involucra defender cosas como el internamiento de los pobres en establecimientos penitenciarios para que se les enseñe higiene y modales (Carl Paladino, aspirante a Gobernador de Nueva York); el rechazo a la teoría de la evolución con el peregrino argumento de que, si es cierta, ¿por qué no vemos ahora a ningún mono convirtiéndose en hombre? (Christine O'Donnell); la oposición al aborto incluso en caso de violación o incesto pretextando que dos cosas malas (supongo que violación/incesto y aborto) no hacen una buena (Sharron Angle); el rechazo de la separación entre iglesia y estado, al considerarla una idea propia de los nazis (Glen Urquhart); o de la masturbación, porque la biblia exige abstinencia y eso, por supuesto, incluye también la abstinencia con uno mismo (de nuevo Christine O'Donnell).

Hasta hace poco el Tea Party ejercía un dominio tan abrumador sobre el discurso de la derecha norteamericana que sus candidatos desplazaban a los candidatos republicanos "menos radicales" o "más liberales", lo que hacía que muchas veces éstos se vieran obligados a adoptar -con más o menos sinceridad, aunque sólo fuera de cara a la galería- los absurdos y muy radicales postulados del Tea Party.

Una de las ideas centrales del Tea Party es que hay que reducir el estado a la mínima expresión porque es un ente burocrático que sólo sirve para derrochar dinero y para acabar con las libertades civiles. En palabras de uno de sus voceros: hay que reducirlo hasta que sea tan pequeño que sea posible arrojarlo por la taza del vater y tirar de la cadena.

Y como en España acabamos adoptando de forma acrítica todo lo que nos llega de Estados Unidos -me temo que bastante más lo malo que lo bueno- de un tiempo ha esta parte ha ido calando la idea de que, efectivamente, hay que acabar con el sector público a toda costa y, de paso, ya que estamos, exterminar a los funcionarios.

A eso se han aplicado con fuerza Aznar, Esperanza Aguirre y otros dirigentes del PP, que además, por si fuera poco, pretenden hacerse pasar por liberales cuyo único objetivo sería, según afirman, defender al honrado cuidadano de a pie de la enojosa intromisión de la política en sus vidas.



Y un cuerno.

Detrás de esa jibarización del Estado hay sólo el deseo, muy poco y muy mal disimulado, de hacer negocio externalizando los servicios públicos en favor de los amigos, de los correligionarios y de los que tienen mejores contactos con el poder (en realidad los tres son un solo grupo: los de toda la vida). Con ello se obliga a la ya muy depauperada clase media a apretarse todavía más el cinturón, porque la sanidad pública y gratuita será un servicio al que sólo acudirán aquellos que no tengan recursos para pagarse una póliza privada y el que busque un colegio decente para sus hijos no tendrá más remedio que pagar una escuela concertada, porque la pública se habrá degradado hasta convertirse en un guetto en el que sólo se cobijarán los menos favorecidos.

Al final, cuando la degradación de lo público se consume, los ciudadanos pagarán por los servicios dos veces: la primera con sus impuestos y la segunda en incómodas mensualidades. Casi todos serán más pobres y no creo que les sirva de mucho consuelo el hecho de que unos pocos de sus conciudadanos, en cambio, se hayan hecho mucho más ricos a costa de todos los demás.

Hay que reconocer que la crisis les ha servido la coartada en bandeja. Hay que reducir el gasto. Pero antes de hacerlo todos deberíamos preguntarnos a qué servicios no estamos dispuestos a renunciar para hacerlo. Porqué esa elección, básica y primaria, nos corresponde a los ciudadanos, no a esos políticos que dicen servirnos pero que cada día parecen más consagrados a servirse a sí mismos a tiempo completo. Unos políticos que, claro, no se conforman con el considerable sueldo que les pagamos, porque aspiran a un retiro muy bien lubricado a la sombra de Repsol, La Caixa, Endesa o Iberdrola. Y que, por eso mismo, a la hora de tomar decisiones tienen muy presentes, más que los intereses y derechos de quienes les hemos elegido, los de aquellos que en el futuro habrán de garantizarles el yate y la casa en la costa.

La democracia es imprescindible y quienes recelan de ella nunca han sido capaces de inventar un sistema mejor. Pero una democracia solo es digna de ese nombre cuando las instituciones públicas están al servicio del ciudadano y no lo es desde luego cuando los representantes políticos se sirven del ciudadano como trampolín para el lucro personal.

Tampoco creo que un estado occidental moderno pueda ser un estado solvente si no tiene unos buenos servicios públicos -eficientes y bien gestionados- y un sistema tributario justo y distributivo que los sostenga. En España hemos pecado más por falta de lo segundo que por exceso de lo primero pero, en cambio, por una interpretación interesada de los hechos, nos aprestamos a corregir lo que no estaba averiado a base de una austeridad que ya amenaza con estrangularnos. Y es que no se trata de eliminar un hospital o una escuela que son públicos y muchas veces excelentes, sino de encontrar la forma de que sean sostenibles financieramente y eso pasa por conseguir que no sean sólo las clases medias las que paguen impuestos.

Pero claro, eso no se dice porque no les conviene a quienes mejor podrían decirlo: los que tendrían que pagarlos y ahora no lo hacen. Me refiero, claro está, a los de siempre, a esos que ahora abren los brazos para acoger fraternalmente todos esos servicios que el sector público dejará pronto de prestar en aras de la austeridad. Esa austeridad de todos que acabará siendo el negocio de unos pocos.

Si dejamos que este fraude se consume lo pagaremos durante generaciones. O para ser exactos, serán las próximas generaciones las que lo paguen.

PD. Una de las razones por las que quieren acabar con los funcionarios es que los políticos quieren tener las manos libres y el campo despejado para llevar a cabo sus fechorías. No son muy inteligentes, pero saben bien a que juegan y lo que se juegan en este envite, así que no les conviene que haya cerca profesionales a los que no puedan echar a la calle si se entrometen demasiado en sus asuntos o que, dónde se habrá visto semejante cosa, pretendan incluso a controlar la legalidad de su actuación.

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